El nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Manuel Castillo, ha sido duramente cuestionado por sus recientes decisiones en esta institución. Pues, resulta que el máximo representante de la Sunedu habría beneficiado a su cliente y hoy rector de la Universidad Nacional del Perú (UNP), Santos Montaño, para que pueda asumir el cargo en la casa de estudios.
Ante este hecho, la Procuraduría General del Estado solicitó al fiscal provincial penal de turno de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima que se aperturen diligencias preliminares contra Castillo Venegas y Santos Leandro Montaño Roalcaba por “la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.
De acuerdo a un informe del dominical Punto Final, en la época en la que el hoy superintendente era abogado de Montaño Roalcaba inició un proceso para que este sea reconocido como rector de la Universidad de Piura. El caso inició el 9 de marzo último cuando Miguel Vallejos, consejero de la Sunedu, pidió la opinión jurídica de Manuel Castillo sobre la resolución que impedía a Montaño desempeñarse como rector.
Pero, cuando Manuel Castillo asumió funciones en la Sunedu, hubieron cambios repentinos en la Oficina de Asesoría Jurídica. Se hizo el pago de 21 mil soles por la opinión jurídica de la abogada Priscila Flores Matienzo, quien en tres días emitió un documento en el que recomendaba que se reconociera a Santo Montaño como rector de la Universidad Nacional del Perú. Durante una intervención de Castillo señaló que llegó el fin de una Sunedu “policiaca, persecutoria, coactiva y sancionadora”.
Sindicato reacciona
El Sindicato de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria recalcó que la institución fue creada con el objetivo de mejorar la calidad educativa de las universidades en el Perú; por ello, rechazaron los calificativos de “draconiana, sicaria, gendarme e inquisidora” hechos por anterior gestión en los últimos años.
Los trabajadores insisten en que los procesos de licenciamiento, el registro de grados y títulos, la evaluación de autoridades y la supervisación y fiscalización de autoridades deben seguir realizándose de forma objetiva “salvaguardando la independencia entre supervisor y supervisado y garantizando el derecho a una educación de calidad”. Por ello, instan a la ciudadanía a estar alertas a las medidas a implementar dentro de la Sunedu.