La reconocida revista The Economist realizó un análisis sobre la situación en Perú. En su más reciente publicación, destacó que el mandato de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, se concretó siguiendo los estándares constitucionales del país.
Sin embargo, hizo hincapié que “a los ojos de muchos peruanos su presidencia [de Dina Boluarte] sea ilegítima”, a pesar que la sucesión presidencial se realizó “de acuerdo con la Constitución, respaldada por las instituciones del Estado” peruano.
“El país se ha visto sacudido por manifestantes que exigen su renuncia, nuevas elecciones y una nueva Carta Magna. Los pueblos indígenas y rurales, entre los cuales Castillo hizo campaña con promesas de cambiar el statu quo, están particularmente enojados. Sus 16 meses en el poder estuvieron marcados por escándalos de corrupción, ineptitud y caos. Pero muchos de los que votaron por él culpan a las élites de Lima, la capital”, consideró la publicación inglesa.
Líneas más abajo, se menciona que probablemente Boluarte Zegarra, en compañía de sus asesores, subestiman el poder de los grupos indígenas y rurales.
“Los extremistas sin duda han estado involucrados en los disturbios. Castillo y sus aliados de izquierda han avivado las llamas al insistir en que es víctima de un golpe de estado”, se indica.
Un camino peligroso
Según el politólogo Gonzalo Banda, para la señalada publicación, en caso de “renunciar” Dina Boluarte, la presidencia quedaría a cargo del titular del Congreso, José Williams, en medio de una situación polarizada que parece no tener fin. Para el analista, el Perú “está ‘en un camino peligroso’ hacia niveles de ingobernabilidad”.
“Una propuesta, defendida durante mucho tiempo por la izquierda, pide una nueva Constitución. Esto ahora es apoyado por el 40% de los peruanos, el doble que en 2021, según una encuesta reciente”, también se lee en el artículo.
En este escenario, se precisa que “la encuesta también sugiere que la búsqueda de un nuevo sistema político podría simplemente generar más disputas”.
“El 72% de los encuestados quiere restituir la pena de muerte, y la mitad de los encuestados quiere que el Estado controle las industrias estratégicas”, añaden.