El Poder Ejecutivo anunció que personal de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, procederán a desbloquear las carreteras que han sido bloqueadas por manifestantes en todo el país, que protestan contra la presidenta Dina Boluarte y para exigir la convocatoria a elecciones anticipadas y el cierre del Congreso de la República.
«Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden que actuarán en defensa de la legalidad», detallaron el Ministerio de Defensa y del Interior en un comunicado oficial.
“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, advierte el comunicado.
Represión sin precedentes
Por su parte, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos en Perú (CNDDHH) pidió el cese de la violencia policial en las protestas, sobre todo el sur andino, regiones que apoyaron al gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo.
“Estamos en niveles de represión que no tienen precedentes en la democracia peruana. En estos momentos se habla de 57 personas que han muerto desde que asumió Dina Boluarte y de ellas son 46 ejecuciones extrajudiciales por la policía y el ejército”, dijo la abogada Mar Pérez, que deploró la utilización de “armas de guerra”.