El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó este miércoles que el expresidente de la República Alejandro Toledo se entregue a la justicia de Estados Unidos este viernes 7 de abril a las 9:00 horas para que sea internado en una cárcel hasta que se ejecute su extradición al Perú, donde deberá enfrentar cargos por corrupción.
“El Tribunal ordena que Toledo sea internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas. (…) El Tribunal ordena a Toledo que se entregue al alguacil el 7 de abril de 2023 a las 9:00 a.m. en el piso 20 del 450 de Golden Gate Avenue, San Francisco, California”, detalla el texto.
La decisión del juez Thomas S. Hixson se dio luego de que un panel de tres miembros del Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos rechazara un último intento de la defensa legal de Toledo Manrique para bloquear su entrega a las autoridades peruanas.
Para los magistrados existen evidencias de sobornos entregados por Odebrecht mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales, a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
“Esta Corte encontró que los testimonios de Jorge Simoes Barata y Josef Maiman proveen causa probable para los delitos de lavado de dinero y colusión”, indica el fallo.
Buscarán reconsideración del fallo
Tras conocerse la decisión, la defensa del exmandatario señaló que buscará reconsiderar dicha medida, aunque el fiscal Ramsey ya adelantó que su oficina se opondrá a eso.
“Por estas razones, (…) la Corte debe revocar su orden de libertad bajo fianza a Toledo y debe devolverlo bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos de inmediato. Una vez que esté bajo custodia, EE.UU. se encargará de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas de manera expedita”, se lee en el documento difundido por El Comercio.
El exmandatario de 77 años fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia.