Este lunes, el Poder Judicial declaró fundado la tutela de derechos presentada por los abogados del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por el caso de su empresa de la empresa Westfield Capital, asociado con Odebrecht. Es decir, que el Poder Judicial anuló todos los procedimientos judiciales en el caso de lavado de dinero en el que está involucrado el exjefe de Estado.
El juez Jorge Chávez Tamariz, que presidió la audiencia virtual del día, invalidó la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato, quien solicitó una condena de 35 años por el presunto delito de lavado de dinero, agravado por la participación en una organización criminal, perjudicando al Estado en el caso de Westfield Capital. Ahora, la Fiscalía tendrá que llevar a cabo un nuevo examen financiero y contable.
Esta solicitud también se hizo para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, así como para Gloria Kisic Wagner y Luis Bernaola Ñuflo.
¿Por qué pedía 35 años contra PPK?
Como se sabe, la Fiscalía pedía 35 años de encarcelamiento para Kuczynski, acusándolo de formar parte de una organización criminal. La hipótesis del Ministerio Público es que habría recibido más de 12 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht y otras empresas a través de consultorías y asesorías camufladas por los proyectos Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, entre otros, mientras ejercía como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, entre 2002 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
En un primer momento, el expresidente negó haber prestado servicios a Odebrecht, pero después admitió que sus empresas, de las que afirmó haberse separado, habían llevado a cabo consultorías. En relación con este caso, recibió en Palacio de Gobierno a los miembros de la comisión Lava Jato.
Una vez que renunció a la presidencia, el 23 de marzo de 2018, la fiscalía lo incluyó directamente en las investigaciones.