La congresista de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el delito de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Esto, luego de que la JNJ publicara un comunicado en el que pidió al Legislativo “mayor reflexión” en el debate y votación sobre el futuro de Ávalos, denunciada en 2022 por haber omitido, rehusado y demorado —según el Parlamento— actos funcionales en la investigación al expresidente Pedro Castillo.
La denuncia constitucional recae sobre los magistrados Imelda Julia Tumialán, presidenta del organismo; al vicepresidente Aldo Vásquez; y a los demás titulares, Henry Ávila, Luz Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry; quienes —de acuerdo a la parlamentaria— han infringido tres artículos de la Constitución ante su “grosera y desesperada intromisión en las decisiones del Congreso para salvar” a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por lo cual solicita que sean destituidos e inhabilitados de la función pública por una década.
Como es público, la fiscal suprema Zoraida Ávalos enfrentará la votación en el Parlamento este jueves que propone inhabilitarla por cinco años, algo que fue analizado por la JNJ. “La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones”, se lee en el oficio.
En múltiples entrevistas, Ávalos ha rechazado la acusación y, en cambio, remarcó que fue la única fiscal de la Nación que abrió el camino de las investigaciones contra Castillo y el también exmandatario Martín Vizcarra.
Además, en la última edición de Hildebrant en sus trece se reveló que la fiscal de la Nación habría adoptado una estrategia de copar “a dedo” a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
Según el semanario, Benavides espera que se ejecute la inhabilitación de Ávalos y Pablo Sánchez, otro fiscal supremo, para que ella misma pueda nombrar a un miembro de esta junta a carta libre, amparada en una ley publicada el 24 de marzo en El Peruano con la firma de la mandataria y el presidente del Parlamento, José Williams.