Hace algunos días, la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, generó polémica al otorgar una medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que se suspenda provisionalmente las investigaciones que se le sigue en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, dicha medida habría sido citada con una norma derogada, según advirtió la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.
“No es cualquier cosa para un juez resolver una causa con normas derogadas”, mencionó Ledesma en Ideeleradio, cuya declaración fue recogida por el Diario La República.
La norma derogada se trata del artículo 18 del supuesto Código Procesal Constitucional (Ley 28237) que invoca en el tercer fundamento de su resolución la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima. No obstante, dicha norma fue derogado en julio de 2021 cuando se promulgó el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307).
“El primer párrafo del artículo 18º del Código Procesal Constitucional establece que: se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión”, redactó Tarrillo Meneses.
El nuevo código establece en el apartado referente a la emisión de una medida cautelar lo siguiente: “El juez para conceder la medida cautelar deberá observar que el pedido sea adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable”.
Presunto prevaricato
Ante la decisión de la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, la exmagistrada Marianella Ledesma deslizó la posibilidad de que se haya incurrido en el delito de prevaricato.
“Esto nos debería hacer reflexionar si es que estaríamos ante un delito de prevaricato: cuando uno resuelve un caso como juez con normas derogadas. Eso ya está en la competencia de un juez. No es poca cosa lo que se está haciendo”, apuntó Marianella Ledesma.
Por último, la expresidenta del Tribunal Constitucional consideró que la resolución que beneficia a Patricia Benavides debe ser apelada por la JNJ, aunque dejó en claro que la impugnación no suspenderá que esta se siga ejecutando.