Este jueves, la congresista Nieves Limachi (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a fin de regular y definir el concepto de “causa grave”, causal por la que los integrantes pueden ser removidos por el Congreso.
De acuerdo a la propuesta legislativa, entre las causas graves para destituir a los miembros de la JNJ están las reuniones con postulantes a jueces o fiscales durante el concurso público de méritos o ascenso e incluye las reuniones con operadores de justicia que se encuentren en proceso de ratificación o evaluación de desempeño. Esto también aplica para las reuniones con postulantes y miembros de la ONPE y del Reniec.
Asimismo, se propone como causa grave recibir condecoraciones que puedan comprometer su objetividad, injerir en procesos judiciales o investigaciones fiscales, la omisión de declarar un posible conflicto de intereses, entre otros.
Además, el proceso de remoción debe estar precedido por una investigación en la cual los magistrados podrían ejercer su defensa ante el Congreso y tendrían 10 días para presentar sus descargos.
También se propone que el cargo de magistrado de la JNJ vaque por tres inasistencias consecutivas o cinco no consecutivas a las sesiones del Pleno de dicha institución, salvo casos de licencia.
Congreso busca remover a JNJ
Cabe recordar que la Comisión de Justicia emitió un informe respecto a la “investigación sumaria” contra la JNJ, que fue modificado a presión de las bancadas, concluye que los consejeros Imelda Tumialán, María Zavala, Humberto de la Haza, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y Luz Tello Valcárcel incurrieron en una supuesta causa grave, por lo que deben ser removidos del cargo.
Ante estas irregularidades en el proceso, los miembros de la JNJ recurrieron al Poder Judicial y presentaron una acción de amparo para anular la “investigación sumaria”, así como el cuestionado informe final.
Este recurso fue admitido por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que programó la audiencia única de informe oral para el viernes 24 de noviembre.