Este jueves, el gobierno de Dina Boluarte generó polémica luego de promulgar un decreto legislativo que modifica diversos artículos del Código Penal que, en la práctica, facilita a delincuentes que reciban una pena privativa de la libertad menor a 10 años no vayan a prisión o, en caso de que ya encuentren en un penal, salgan de la cárcel.
Se trata del Decreto Legislativo 1585, que “establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios”. Lleva las firmas de Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el ministro Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos).
¿Qué dice el Decreto Legislativo 1585?
La norma que modifica al artículo 52-B del Código Penal refería que las personas que hayan sido condenadas con una pena de entre 7 y 10 años pueden evitar el ingreso a un centro penitenciario —o salir del mismo—, siempre y cuando lleven un grillete electrónico y presten servicio a la comunidad. Ahora, el Ejecutivo ha dispuesto que accedan a este beneficio aquellos que tengan una sentencia de entre 10 y 12 años de prisión efectiva.
Asimismo, el Gobierno incorporó un párrafo a este artículo para que toda pena por cualquier delito culposo (sin dolo) que no supere los 6 años de cárcel efectiva se convierta a una de vigilancia electrónica.
Sobre la suspensión de la pena
La otra modificación es para el artículo 57 del Código Penal, el cual puede suspender la ejecución de la pena, siempre y cuando esta no supere los 8 años y el sentenciado no cuente con antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito.
Para que esto suceda, el juez deberá evaluar la naturaleza y modalidad del delito, el comportamiento procesal y la personalidad del agente, además garantizar que el condenado “no volverá a cometer un nuevo delito”, por lo que la decisión será netamente del juez encargado del caso.
