Este miércoles, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció sobre la entrada en vigencia de la ley que regula los crímenes de lesa humanidad, que favorecería a ex miembros de las Fuerzas Armadas y policiales implicados en asesinatos durante la época de violencia interna. Además, sostuvo que el Gobierno se mantendrá al margen de las anunciadas acciones de otras instituciones, como el Ministerio Público, en contra dicha medida.
«Ya es un hecho consumado, la ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma, no es una norma en la que el Ejecutivo tenga que aplicarla. Corresponderá a los jueces y fiscales disponer, desde su perspectiva, si aplica control difuso, control de convencionalidad o una acción que el Tribunal tenga que resolver», dijo a la prensa,
Asimismo, señaló que dicha ley no fue promulgada por el Gobierno, sino por “orden del Congreso de la República”.
«Respetamos profundamente las posiciones que, institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal (Peruana) o el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley. Y siendo respetuosos, también consideramos que los mecanismos constitucionales (de los) que se puedan disponer en contra de esta ley, ya corresponde a ellos hacerlo», agregó.
¿En qué consiste la ley de prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad?
La Ley 32107, promulgada por el Congreso de la República el pasado 9 de agosto, señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.