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Colegio de Abogados de Lima anuncia que procesará a congresistas que respalden proyecto de Waldemar Cerrón para controlar jueces y fiscales

Luego de que el congresista Waldemar Cerrón presentara una iniciativa legislativa que plantea establecer una Comisión Fiscalizadora contra jueces y fiscales, que generó una ola de rechazo por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, esta vez, el Colegio de Abogados de Lima (CAL), a través de su presidente, Raúl Canelo, anunció que procesará a congresistas abogados que respalden dicha propuesta al considerarla un “daño a la profesión” desde un punto de vista deontológico, es decir, ético.

¿A quiénes afectaría?

De los 130 legisladores, 31 son abogados de profesión. Sin embargo, al no haber sido un anuncio realizado o respaldado por todos los colegios de abogados del país, solo se aplicaría a los que reporten a Lima como su distrito judicial. Aunque con este filtro la lista se reduce a 12, el número es aún menor al excluir a los que no son colegiados.

Sólo cinco letrados aparecen habilitados el CAL: Susel Paredes, Luis Cordero Jon Tay, Héctor Valer, Patricia Juárez y Vivian Olivos, según reveló Infobae.

Los cuestionamientos a la iniciativa de Waldemar Cerrón

El proyecto de Waldemar Cerrón busca la creación de una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales” con la finalidad de fomentar un marco institucional más estricto para la supervisión y sanción de conductas corruptas, intentando así restaurar la confianza pública en el sistema judicial y la integridad de los procesos legales.

No obstante, algunos críticos del proyecto, este atenta contra la separación de poderes y plantea una duplicidad de funciones.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee competencias para evaluar el desempeño de jueces y fiscales en colaboración con la Academia de la Magistratura, llevándose a cabo esta revisión cada tres años y medio. Además, la JNJ tiene la facultad de sancionar a jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, inclusive destituyéndolos siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

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