Este miércoles 24 de mayo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, sorprendió a la opinión pública, luego de excluir a la constructora brasileña Odebretch del proceso que se viene llevando por el caso Interoceánica Sur.
“La Corte Superior Nacional declara fundada la Excepción de Cosa Juzgada (existencia de una sentencia firme) solicitada por la defensa del grupo Odebrecht”, confirmó la institución a través de sus redes sociales.
De acuerdo al magistrado, se trata de las empresas Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú; Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.; Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz); Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3, que no serán incluidos en calidad de terceros civilmente responsables.
En esa línea, Concepción Carhuancho determinó que este fallo corresponde solo al extremo de la anulación de la pretensión resarcitoria (indemnizatoria) contra las cinco empresas de la constructora, es decir, este grupo no pagará la reparación civil del caso —estimada por la Procuraduría General del Estado— en caso de emitirse una sentencia. Esto, porque ya existe una sentencia de colaboración eficaz contra la empresa implicada. De acuerdo a este pacto, la constructora deberá cancelar un monto de 760 millones de soles.
Hasta el momento, Odebrecht ha pagado una suma de 211 millones de soles de reparación civil.
Caso Interoceánica
De acuerdo a la tesis del Equipo Especial Lava Jato, Odebrecht (ahora Novonor) pagó una suma estimada de US$ 20 000,000 (veinte millones de dólares) al expresidente Alejandro Toledo para conseguir la buena pro en las licitaciones de los tramos 2 y 3, en junio del 2005, del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil.
El monto se habría depositado en distintas cuentas del exempresario peruano-israelí Josef Maiman. Por este caso, además, se investigan a quince personas naturales y a otras cuatro jurídicas.
Por este caso, al expresidente Alejandro Toledo se le atribuyen los presuntos delitos de lavado de activos, en las modalidades de actos de transferencia y conversión, y colusión agravada. El fiscal José Domingo Pérez ha requerido a las instancias judiciales un total de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Esta la segunda acusación fiscal contra el ex Jefe de Estado.