La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), presidida por el arzobispo de Huancayo y cardenal Pedro Barreto, expresó su preocupación por la aprobación de la Ley N° 31973 en el Perú, la cual modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ya que representa un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación y pone en grave riesgo la protección de los bosques de la Amazonia Peruana, así como la seguridad y dignidad de las personas que la habitan.
Según el organismo, la referida ley “no respeta los derechos fundamentales de las personas que dependen directamente del uso sostenible de los bosques y favorece las economías ilegales”, al ofrecer acceso directo a tierras deforestadas, lo que termina por vulnerar la dignidad humana y el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana.
En ese sentido, la CEAMA recordó que tras la IV Reunión de Presidentes de los Estados y la firma del Tratado de Cooperación Amazónica en agosto de 2023; la declaración de Belém afirma que el gobierno peruano se habría “comprometido a impulsar acciones contra la deforestación para evitar que la Amazonía llegue a un punto de no retorno por la tala ilegal de árboles”.
El pronunciamiento de la CEAMA también hace referencia a la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, quien advierte sobre las «formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva».
La CEAMA destaca que la Amazonía ha sido testigo de amenazas y asesinatos de defensores ambientales, especialmente de líderes indígenas que buscan proteger los bosques ante el avance de las economías ilegales y el crimen organizado. Para la conferencia eclesial, la modificatoria de esta ley no contribuye a generar paz en la Amazonía, sino que fomenta un clima de impunidad para aquellos que han deforestado los bosques, vulnerando los derechos fundamentales.
Para finalizar, el organismo eclesial hizo un llamado a las autoridades del país para reflexionar y reconsiderar la aprobación de la Ley N° 31973. La conferencia eclesial insta a impulsar un desarrollo agrario sostenible y justo, evitando decisiones que perpetúen niveles significativos de violencia en la Amazonía y que favorezcan el control de esta importante región por parte de economías ilegales.