Los defensores ambientales Marcelina Angulo y José Manuyama vienen exigiendo al Gobierno una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para examinar a detalle las gestiones de diversos ministerios y entidades gubernamentales sobre el avance de la minería ilegal en el río Nanay, región Loreto, que afecta en gran medida al ecosistema natural y la estructura socioeconómica de las comunidades nativas y locales adyacentes a la cuenca.
A través del pedido, de acuerdo a Actualidad Ambiental —portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)—, Angulo y Manuyama demandan transparencia y responsabilidad en las acciones emprendidas por el Estado en la lucha contra la minería ilegal para salvaguardar a las comunidades afectadas.
Hasta el momento, la SPDA ha informado que los defensores del agua han sostenido una reunión con técnicos de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso y el equipo de la congresista Ruth Luque.
¿Qué se busca con esta audiencia?
En caso de concretarse la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se podrá contar con la presencia de representantes de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Cultura, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, así como a funcionarios del Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el Gobierno Regional de Loreto, y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) para que informen sobre el progreso y las dificultades encontradas en la implementación de políticas contra la minería ilegal, además de facilitar un espacio para que distintos sectores puedan expresar sus preocupaciones y proponer soluciones colaborativas, fortaleciendo así el enfoque multisectorial en la resolución de esta problemática.
Minería ilegal en el río Nanay sigue creciendo
Un informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señala que en el río Nanay se registra la presencia de 122 infraestructuras mineras, especialmente en el distrito de Alto Nanay, lugar donde se origina el río y zona en la que las comunidades locales han denunciado, desde 2019, un notable incremento de la minería ilegal y las consecuentes amenazas a la seguridad de sus habitantes.
Ante ello, los defensores ambientales y líderes de la región de Loreto han ratificado su pedido de reforzar la prohibición de otorgar concesiones y autorizaciones para actividades mineras en los ríos amazónicos y zonas adyacentes.