Luego de que el Congreso de la República apruebe la semana pasada una investigación express a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el vicepresidente de esta institución pública, Aldo Vásquez, no descartó llegar hasta las últimas instancias para que se respete la “institucionalidad”, por lo que afirmó que podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sin duda alguna [lo llevaríamos a la CIDH] ya ha ocurrido antes. Hoy muchos colegas suyos recuerdan lo ocurrido en 1987 cuando el Congreso de la República destituyó a tres miembros del Tribunal Constitucional. Por supuesto que esa decisión arbitraria fue revertida”, indicó a Canal N.
Como se recuerda, a los magistrados se les acusa de haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Asimismo, se cuestiona una presunta intromisión de Imelda Tumialán, Antonio De la Haza y María Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a Ávalos.
Habría intereses
El vicepresidente de la JNJ aseguró que detrás de estas decisiones habría interesados “para afectar la institucionalidad”. Esto debido a que los miembros tienen atribuciones para designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Asimismo, indicó que la congresista Patricia Chirinos promueve estos actos desde hace mucho tiempo. A su vez, recordó que esta junta es un organismo autónomo, por lo que precisó que si se llega a dar el cambio de toda la junta existiría un “quiebre del ordenamiento constitucional peruano”.