Las embajadas de Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega emitieron el pasado viernes 19 de enero un pronunciamiento expresando su preocupación por la reciente norma promulgada en el Parlamento que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763.
De acuerdo a la misiva, dicha modificatoria podría perjudicar la preservación de la Amazonía y promover actividades delictivas en territorios indígenas.
“Nos preocupan los potenciales impactos para el cumplimiento de los objetivos asumidos por el Perú en el marco de la DCI, las implicaciones para la implementación de las Declaraciones de Belém y Pucallpa, y los compromisos internacionales más amplios del Perú para proteger la biosfera única de la Amazonía”, se lee en el texto.
Cabe mencionar que estas cuatro embajadas son parte de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) con Perú, donde se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contrarrestar la deforestación. Pese a ello, el Congreso decidió suspender hasta por dos años la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para la entrega de títulos habilitantes y de fauna silvestre en áreas que se encuentren en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y nativas. También están incluidas las áreas que se encuentren en trámite para el establecimiento de reservas territoriales, pueblos en aislamiento voluntario en contacto inicial.
Además, la ley estableció que los predios privados que no contengan bosques serán considerados áreas de exclusión para fines agropecuarios.
Compromisos climáticos de Perú en peligro
De acuerdo a una opinión legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), los especialistas advirtieron que lo aprobado por el Parlamento “deja al país en una posición de incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos como el DCI con Noruega y Alemania, o el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos”.
Asimismo, “se pone en riesgo a cientos de miles de agricultores familiares y de productores agrícolas cuyos productos no podrán cumplir con el Reglamento de la Unión Europea sobre cero deforestación, por haber sido producidos en tierras que no han cumplido con los estándares de protección ambiental nacionales y a los que se les ha dado una legalidad aparente”.