Un informe difundido el pasado viernes Hildebrandt en sus trece, reveló que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), planearía mantenerse en su cargo hasta el año 2027, gracias a una ley del Congreso y de Dina Boluarte que le permitirá elegir directamente a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público.
Según el medio, la magistrada, el Legislativo y el Ejecutivo “han conjugado intereses y están alistando una arquitectura legal para apoderarse” del titular de la acción penal pública. Además, mencionan que el actual panorama se asemeja al de la gestión de Blanca Nélida Colán, que ocupó el cargo desde 1992 hasta 1997, y posteriormente fue detenida y procesada por actos contra la Constitución.
¿Qué dice la nueva ley aprobada por el Congreso y Dina Boluarte?
La nueva norma, publicada el 24 de marzo en El Peruano, que cuenta con la firma de la mandataria y el presidente del Parlamento, José Williams, autoriza que fiscales provisionales, tanto supremos como superiores, puedan integrar la Junta de Fiscales Supremos, lo que abre el camino para que Benavides tenga el control absoluto del Ministerio Público.
Con esta ley, Benavides podrá nombrar a los fiscales supremos que habrán de seleccionar a la próxima fiscal de la Nación y, eventualmente, estos mismos optarían por su reelección.
De acuerdo a Hildebrandt en su Trece, un informante de la Fiscalía señaló que Benavides apunta a quedarse hasta el 2027, para lo cual será crucial el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos.
Su “ambición parece no tener límites. Ella no busca fortalecer al Ministerio Público, sino empoderarse más y ser útil a sus aliados del Congreso y el Gobierno. El blindaje que tiene no es judicial, sino político, los congresistas son sus verdaderos escuderos”, dijo un fiscal supremo al semanario.
Más iniciativas presentadas por Patricia Benavides
Cabe mencionar que la magistrada, cuya labor no es aprobada por el 57% de peruanos, ha enviado dos proyectos al Congreso: uno para que los fiscales de la Nación no juramenten frente al jefe de Estado y otro para que la Fiscalía de la Nación pueda elevar ante el Tribunal Constitucional demandas de inconstitucionalidad.