Pobladores no reasentados de Morococha Antigua, provincia La Oroya, presentaron un amparo judicial por los constantes acosos que vienen sufriendo por parte de la empresa minera Chinalco desde muchos años, vulnerando sus derechos esenciales que exige la propia Constitución del Perú.
En conferencia de prensa realizada el último miércoles en instalaciones de la Pastoral Social Cáritas Huancayo, Elvis Fuster, representante de las 25 familias no reasentadas de Morococha Antigua solicitó a la Corte Superior de Justicia Junín resuelva el recurso de habeas corpus interpuesta por la población para que la empresa Chinalco retire los montículos de tierra que colocaron en las principales vías de acceso a sus viviendas.
Asimismo, el dirigente lamentó que el Gobierno Regional de Junín no haya tomado cartas sobre el asunto pese a que tiene competencia directa, mediante la Dirección Regional de Energía y Minas, para participar en la solución de este conflicto.
Según el abogado Carlos Castro, quien lleva el caso por muchos años, el problema central es que la empresa minera no ha reubicado a los pobladores pese a que es un legítimo derecho, ya que hasta el momento, la ampliación del proyecto minero Toromocho exige el pleno reasentamiento de los afectados como parte de la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que si no lo hace, las 25 familias quedarían sin un hogar dónde vivir.
“Los pobladores se están acoplando a la Ley de reasentamiento de región no mitigable que traslada la obligación de la empresa al gobierno mediante una solicitud”, indicó el abogado, quien a su vez agregó que hay otras observaciones referentes a la calidad del agua, y la presencia de metales en el ambiente que la empresa no ha levantado.