La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nancy Hernández López, causó revuelo en la opinión pública al exigir al Estado peruano garantizar la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Esto, luego de que la mandataria Dina Boluarte y el ex titular del Congreso Alejandro Soto enviaron una carta en conjunto a inicios de julio sobre la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
“Es pertinente destacar que el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al Perú, en su calidad de Estado Parte, la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales. Conforme al derecho internacional, dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas. Asimismo, de acuerdo al derecho internacional no es posible alegar disposiciones de orden interno para cumplir con obligaciones internacionales», se lee en el documento.
En ese sentido, Hernández López señaló que está convencida de que Perú “encontrará la vía para cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular, con lo ordenado por la Corte Interamericana en la referida Resolución de 1 de julio de 2024, con miras a que los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los casos Barrios Altos y La Cantuta queden en la impunidad”.
Finalmente, manifestó su total “apertura y plena disposición” a dialogar con las autoridades peruanas sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y el respeto e importancia que tiene nuestro país “como parte del compromiso de los Estados americanos con la democracia y los derechos humanos”.
¿Qué decía la carta de Dina Boluarte y Alejandro Soto?
En la carta enviada por Boluarte y Soto a la Corte IDH, ambos mostraron su desacuerdo con la solicitud de este organismo internacional para no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad, también conocida como ‘ley Amnistía’.
«(…) Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería más bien en constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar», se lee en el fragmento del documento, revelado por el diario La República, en el que subrayan que Perú es un país soberano con sus propios mecanismos de control.