Luego de conocerse que las congresistas María Cordero Jon Tay, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres y Katy Ugarte, recortaban parte del sueldo a trabajadores parlamentaros, la Fiscalía de la Nación aperturó investigaciones para determinar responsabilidades penales.
Para el abogado penalista Benji Espinoza, en caso de comprobarse que cometieron la comisión del delito contra la administración pública, las legisladoras recibirían hasta ocho años de prisión efectiva.
“En el caso de las cinco congresistas tienen como denominador común que en todas ellas habría la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, que está previsto en el artículo 382° del Código Penal, que significa en buena cuenta que el funcionario público abusa de su poder y obliga o induce a que entregue algo”, explicó el letrado.
“La pena que corresponde es de mínimo dos y como máximo hasta ocho años, si es una condena grave. En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos: son funcionarias públicas, habría abuso de su cargo y el beneficio fue para ellas”, afirmó Espinoza.
Sonados casos
En poco más de un mes, se conocieron por denuncias periodísticas cinco casos de congresistas, de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, quienes terminaron investigadas preliminarmente por el delito de concusión.
El primer caso fue el de la legisladora Magaly Ruíz, de APP, denunciada por el comunicador Carlos Marina Puscán de recortarle 1,500 soles de su salario por sus servicios en la Comisión Especial de Protección a la Infancia del Parlamento.
Otra de las parlamentarias involucradas con este tipo de presunto ilícito fue Heidy Juárez, de Podemos Perú, quien de acuerdo a Hildebrandt en sus Trece, recortó el sueldo de cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático.
El tercer caso es el de Rosio Torres, también congresista de APP, quien es acusada de haber obligado a cinco trabajadores de su despacho en el Congreso a depositar parte de sus sueldos a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
De acuerdo a Punto Final, Torres borró el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino a través del WhatsApp, luego de haber sido consultada por el mismo programa sobre el recorte de salarios a sus colaboradores.
El cuarto caso está relacionado a la congresista Katy Ugarte (no agrupada), quien habría recortado en sueldo de sus trabajadores para pagar publicaciones en la prensa que mejorarán su imagen en el Cusco, región que representa. Y por último, el quinto caso corresponde a María Cordero Jon Tay. Unos audios difundidos por Punto Final revelaron que exigía a un trabajador de su despacho más del 50% de su salario. “¡Porque a ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se escucha decir en de las grabaciones a Cordero Jon Tay, ahora procesada por la fiscalía por el presunto delito de concusión.