En marco de las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo por presunta rebelión y conspiración al ordenar un golpe de Estado el pasado 07 de diciembre, el Poder Judicial, a través del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, dispuso el levantamiento del secreto de comunicaciones del exjefe de Estado, así como a otros 12 presuntos coautores.
La medida judicial se da por la disolución del Congreso de la República, la implementación de un estado de excepción, la reestructuración del sistema nacional de justicia, entre otras medidas que alteraron el orden constitucional.
La orden de levantar el secreto de comunicaciones incluye a Betssy Chávez Chino (expresidenta del Consejo de Ministros), Willy Huerta Olivas (exministro del Interior), Roberto Sánchez Palomino (exministro de Comercio Exterior) y Aníbal Torres Vásquez (exasesor de PCM).
Con la medida, las empresas telefónicas deberán hacer llegar al despacho del Poder Judicial el registro de las llamadas entrantes y salientes, indicando la fecha, hora y tiempo de duración; las celdas empleadas -ubicación por celdas activas de las llamadas; además de los mensajes de texto que los involucrados registraron en esos días. Asimismo, se deberá realizar una búsqueda de todas las líneas telefónicas y los números de celular que se lleguen a identificar sobre las personas comprendidas en la medida restrictiva y procedan a informar el detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto con las mismas indicaciones anteriores; y, de ser el caso, acompañar los reportes de búsqueda efectuados para verificar la forma con que estos se hayan realizado.
Para esta decisión judicial, el juez supremo admitió 52 elementos de convicción presentados por el Ministerio Público donde se sustenta este pedido contra 14 personas, siendo excluido el comandante del Ejército Peruano, Guillermo Ojeda Parra. “Se superó el presupuesto de la existencia de suficientes elementos de convicción para que se conceda una restricción como la requerida por la fiscalía”, mencionó el magistrado.
Puntos que se consideró
Juan Carlos Checkley señaló que en horas de la mañana del 07 de diciembre, el expresidente Castillo se reunió con la premier Betssy Chávez y su asesor Aníbal Torres, además de otras personas que aún no han sido identificadas. En dicha reunión se dispuso disolver el Congreso que horas después iba a discutir sobre la vacancia presidencial y que vociferaba que habían alcanzado sumar votos a favor de la medida.
El juez también consideró que además del presunto delito de rebelión, el exmandatario también habría cometido conspiración, así como abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Cabe mencionar que, solo por el primer delito, la pena de cárcel es no menor de 10 años y mayor de 20.