Este miércoles, la Corte Suprema consideró como “inconstitucional” la Ley 31751, también conocida como ‘Ley Soto‘, impulsada por el congresista Alejandro Soto. Esto, porque presenta dificultades en su interpretación y aplicación judicial, y se considera desproporcionada e inconstitucional.
A través del Acuerdo Plenario N° 05-2023/CIJ-112, la Corte Suprema insta a los jueces de instancias inferiores a no aplicar la referida para resolver los casos que se les presenten.
Además, el Acuerdo Plenario destaca que los jueces deben priorizar el cumplimiento de la norma constitucional que protege la seguridad pública o ciudadana, el valor de la justicia material y la tutela jurisdiccional, tal como lo establece el artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución.
¿En qué se basa la Ley Soto?
La Ley 31751, aprobada en mayo de este año, modificó el artículo 84 del Código Penal, que se refiere a la suspensión de la prescripción de los delitos, estableciendo un límite máximo de un año para dicha suspensión.
Esta modificación ha generado controversia debido a los supuestos beneficios otorgados al presidente del Congreso, así como al expresidente Martín Vizcarra y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.