A solo dos días de cumplirse el plazo para que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusara a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras las muertes y lesiones desarrolladas durante las manifestaciones sociales en varias regiones del país, finalmente decidió ampliar el plazo de investigación por hasta ocho meses.
Como se recuerda, las investigaciones se desarrollan debido alas muertes y lesiones en las protestas desarrolladas en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Posteriormente, el 21 de julio, se añadieron los hechos detonados en Lima, Cusco y Ucayali.
Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por los principales defensores de los deudos, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL); y Gloria Cano Legua, abogada de Aprodeh, quienes advirtieron de la inacción por parte del Ministerio Público al momento de avanzar con el caso.
A ello, se suma el silencio por parte de la jefa de Estado y las respuestas esquivas del premier, quienes se limitaron a decir que se remitían a sus declaraciones anteriores, y, posteriormente, dejaran de responder.
Dina Boluarte busca archivar investigación
Cabe recordar que el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, mencionó que “no hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto de algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos materia de investigación, por cuanto, conforme a decisión constitucional de su alta investidura, con acuerdo del Consejo de Ministros, a través de los decretos supremos antes descritos, las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional”.
En ese sentido, solicitó el archivo de la investigación contra la jefa de Estado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Además, el letrado sostuvo que “no tiene sentido [la investigación] en el escenario que se provocó por otros”, además que en las diligencias “se ha descartado que haya existido alguna orden por parte de la mandataria respecto a las muertes”.