Este domingo, la congresista Patricia Chirinos aseguró a través de sus redes sociales que su despacho y propiedades serían allanados y que sería detenida. En un pronunciamiento, calificó las medidas de “arbitrarias e ilegales”. Sin embargo, horas después, abandonó el país rumbo España, de acuerdo al certificado migratorio al que accedió El Comercio.
“La caviarada quiere cobrar venganza, contra quienes siempre luchamos por el Perú. Ellos son los enemigos de la patria y usan las instituciones de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial como armas políticas contra todos los que enfrentamos sus oscuros intereses”, mencionó.
“¿Qué buscan con eso?, ¿intimidarme?, ¿qué deje de luchar por mi país? Eso no va a ocurrir. […] Todo lo que siempre he hecho es por patriotismo, por convicción, por los peruanos que están hartos de la mafia caviar”, agregó.
Aunque no se conoce cómo obtuvo la información de la diligencia ni quiénes iban a ejecutarla, y si ello perjudicaría la información que la Fiscalía busca obtener, las medidas en su contra tendrían que ver con la investigación del caso “La fiscal y la cúpula del poder”, donde Jaime Villanueva, Miguel Ángel Girado Isidro y Abel Hurtado Espinoza, asesores de Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, son señalados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de haber negociado distintas votaciones en el Congreso de la República a cambio de favorecer a los parlamentarios en los distintos casos abiertos en su contra.
¿Qué rol habría cumplido Patricia Chirinos?
De acuerdo a las revelaciones difundidas en medios de comunicación, la legisladora de Avanza País habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Además, Villanueva, aspirante a colaborador eficaz, confirmó que también negoció con la legisladora —por órdenes de su exjefa— la elección del abogado Josué Gutiérrez como titular de la Defensoría del Pueblo, y la remoción de la Junta Nacional de Justicia.
A eso, se suma la advertencia de Eficcop que sostiene que la ex tercera vicepresidenta del Congreso había demandado a la fiscalía una serie de investigaciones que han sido respondidas con celeridad.