A pesar de que el premier Alberto Otárola advirtiera la modificación del Código Penal por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios, que podría llevar a prisión por hasta 10 años de cárcel y por bloqueo de carreteras con hasta 15 años, el secretario del Comando Unitario de Lucha de Junín, Raúl Ariste, anunció que su medida de lucha va a continuar en pie hasta que caiga la ‘dictadura’ de Dina Boluarte.
“Es un acto de desesperación de la dictadura, con eso (modificación del Código Penal en temas de seguridad y tranquilidad pública) piensan que van a callar la voz del pueblo, que van a cesar las marchas y movilizaciones. A más represión al pueblo nuestra reacción será con mayor organización”, anunció el dirigente.
En esa línea, Ariste Cárdenas señaló que se tiene asegurado la participación de gremios como: Construcción Civil, Sutep, Frente de Defensa de Chupaca y colectivos juveniles. Y están a la espera de la confirmación de los sindicatos de las instituciones públicas (municipios y gobierno regional).
“Esto viene desde meses atrás, no nos atemoriza, no nos intimida esta profundización de la criminalización de las protestas sociales, ya que este 7 (diciembre) se cumple un año de la dictadura, nos quieren amedrentar dando este tipo de leyes más drásticas”, agregó tras comentar que ese tipo de normas debe implementarse para los corruptos.
Caso Patricia Benavides
Ariste señaló que las denuncias que involucran a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a la coalición que está en el poder buscaba, a través de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), controlar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Reniec, y otras, influir en las próximas elecciones generales, “al mismo estilo de los 90”.