Luego que durante el último fin de semana murieran 10 trabajadores de la mina Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, La Libertad, a manos de delincuentes que los secuestraron y asesinaron con explosivos, el avance de la minería ilegal comienza a tener más foco y genera alarmas por su creciente vinculación con los grupos armados y crimen organizado.
Este delito está marcado por una serie de etapas y participantes, con procesos en ocasiones ilícitos debido a las altas ganancias potenciales.
El desarrollo de estas actividades ilegales representa un desafío significativo para la seguridad nacional y el medio ambiente en diferentes áreas del Perú, como El Cenepa, en la región Amazonas, y la zona fronteriza de Perú y Colombia dividida por el paso del río Putumayo. Dichos lugares estarían controlados por facciones como el Comando Vermelho —el grupo criminal más antiguo de Brasil—, y la organización criminal brasileña Primer Comando Capital.
Afecta, además, a las regiones de Puno, Madre de Dios, La Libertad, Piura, Arequipa, y las ciudades de Nasca, Palpa.
¿Por qué está tan extendida la minería ilegal de oro en Perú?
De acuerdo a la plataforma Prevenir Amazonía del Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la extracción de oro ilegal e informal en el país se ha intensificado significativamente, impulsada por un incremento en el precio internacional del oro.
Esto se agrava debido a la debilidad de las instituciones del país y la falta de oportunidades laborales en las zonas de selva, causando un severo impacto ambiental y social.
Asimismo, un estudio elaborado por la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible (FCDS) reveló que la minería ilegal se ha extendido en más de 20 ríos de la Amazonía peruana, que ocupa más del 60% del territorio peruano.
Y eso no es todo, de acuerdo al reporte “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, hoy, la actividad ilícita está presente en 32 distritos de cinco regiones amazónicas, que son: Amazonas, San Martín, Huánuco, Madre de Dios y Loreto. Esta última región la minería ilegal azota especialmente a 14 distritos repartidos en seis provincias, que comprenden las cuencas de los ríos Nanay, Putumayo y Napo.
El Reinfo no avanza
Por otro lado, el informe publicado por la FCDS reportó una evaluación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Se concluye que el avance del proceso de formalización minera en estos departamentos es mínimo, pues solo el 13.53 % ha cumplido con presentar al menos un requisito. Solo hasta julio de 2023 se registró un total de 11 mil 023 solicitudes de formalización minera. De esta cifra, un 21.58% están activas, mientras que el 78.42% de las solicitudes se encuentran suspendidas por incumplimiento de la normativa vigente.
Acerca de este tema, Martín Arana, especialista de la Iniciativa Unidos por los Bosques de FCDS, quien estuvo a cargo del estudio, alertó en un reportaje de Mongabay Latam que: “en términos de impacto al ambiente o severidad, la minería ilegal es la más destructiva, porque no solamente causa deforestación, sino una destrucción total de los ecosistemas”.