El Departamento de Estado de EE.UU. presentó este lunes una serie de informes donde evidencia una crisis en derechos en el Perú, donde encontró acusaciones “creíbles” de ejecuciones extrajudiciales, restricciones significativas a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental generalizada y una alarmante prevalencia de violencia de género.
El expediente sobre Perú -que está fundamentado en fuentes fiables y objetivas como documentos de agencias gubernamentales, entidades no gubernamentales y medios informativos- inicia con el registro de los 49 manifestantes muertos durante los choques con las fuerzas del orden y el “uso letal y desmedido de la fuerza”, denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.
A pesar que la mandataria ha sido denunciada por estas muertes, el informe resalta que, hasta el momento, no se han emitido resultados de las pesquisas y “las autoridades ralentizaron deliberadamente las investigaciones para disminuir el interés público en el resultado”.
Por otra parte, el documento señala que la libertad de expresión enfrentó desafíos durante el contexto de crecientes denuncias de agresiones contra periodistas, especialmente en la cobertura de las manifestaciones. Varios organismos, como el Colegio Nacional de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas, informaron de un notable aumento en la intimidación hacia la prensa, con 153 ataques contra periodistas desde diciembre de 2022 hasta febrero.
Asimismo, el informe da cuenta sobre “numerosos informes de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, incluso en los niveles más altos” con el escándalo de Odebrecht, las investigaciones del expresidente Pedro Castillo, la red criminal denunciada en la judicatura y las “prácticas corruptas” en la adjudicación de grandes contratos de infraestructuras de transporte y energía.
El documento también da cuenta sobre la violencia de género que se mantiene como un problema crítico en el país, donde si bien los centros operados por el Ministerio de la Mujer ofrecen apoyo a las sobrevivientes, su calidad y disponibilidad, especialmente en zonas rurales, son criticadas. También cuestiona la “mínima acción gubernamental” contra el acoso sexual.
Las amenazas que reciben las minorías en la Amazonía
El Departamento de Estado de EE.UU. señala que las comunidades indígenas de la Amazonía enfrentan desafíos significativos por el acaparamiento de tierras, narcotráfico y actividades ilegales como la minería y la tala, además de la explotación laboral y sexual. Acentúa, además, la protección insuficiente para los defensores ambientales indígenas y la implementación deficiente del quechua, lengua oficial junto al español, lo que limita el acceso a servicios esenciales para sus hablantes.